- El tema de tarifas en el autotransporte urbano de Oruro, continúa generando fricciones tanto a transportistas como a las autoridades municipales; los primeros afirman que el costo elevado a Bs1.70, a través de un convenio firmado entre la medianoche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de febrero pasado, se mantiene invariable; los segundos alegan una nueva posición, empezar de cero el tema de tarifas. Sin embargo, desde la óptica legal, la determinación asumida entre la Alcaldía y los transportistas es nula de pleno derecho y no puede afectar a terceros que es el público usuario.
Es evidente que este compromiso de elevación no oficial ni legal, de la tarifa en el transporte urbano de Bs1.70, por encima del costo de Bs1.40 aprobada de manera transitoria por la OM 098/2013 aún vigente, ha depuesto la beligerancia social creada por decisión de los transportistas, calificada de arbitraria y autoritaria por exautoridades del municipio orureño, pero que termina en una violencia social y destrozo de instituciones.
¿Pero qué opinión tiene la ciudadanía sobre esta elevación tarifaria? Fondo Negro, se ha dado a la tarea de registrar la posición de alrededor de 45 usuarios, en las dos semanas siguientes tras la firma del convenio, y para ello se ha dado a la tarea de realizar viajes por las diferentes rutas que tiene el autotransporte urbano y, este es el resultado:
Rechazan, pero se resignan
- Muchos de los entrevistados (hombres, mujeres, universitarios, padres de familia), que se trasladan desde diferentes barrios de la periferia en los minibuses hacia el centro de la ciudad, donde tienen: su fuente de trabajo, su puesto de venta, la escuela donde los hijos estudian, universidad pública y privada; aseveran que rechazan la elevación tarifaria, pero se resignan a cancelar porque deben cumplir con su faena diaria fuera de casa.
Don Miguel Sarzuri (45 años), señala: “El alcalde nos ha abandonado, vivimos lejos del centro de la ciudad, no tenemos más remedio que cancelar 1.70, ahora pago Bs6.80, tarde y mañana, tengo que aumentar Bs1.20”.
Doña Teresa Olguín B. de 26 años, dice: “Tengo cuatro hijos, tres ya están en la escuela, cada día gastaba Bs2.80, ahora tengo que pagar Bs3.40, me resigno a cancelar sino mis hijos no estudian, ellos siguen pagando Bs0.50, en total cancelo Bs6.40”.
“Yo soy comerciante, pero ambulante, el miércoles pagué con dos bolivianos, no tenía cambiaditos y me devolvió cambio de 0.20 centavos, cuando reclamé el conductor me dijo, casi enojado -sólo tengo 0.20, tiene que traer cambiadito señora-, eso está pasando, los choferes están cobrando Bs1.80, se están aprovechando los 0.10 centavos”, afirma la señora (64 años) Romelia Quispe.
Los estudiantes universitarios, que realizan pasan clases en horas de la noche tanto en la UTO como en las privadas, igualmente se consideran atropellados por los transportistas, quienes antes de recibir el pasaje de Bs1.00, exigen la muestra de una credencial, si no tiene, paga Bs1.70.
Jorge (22 años), prefiere el anonimato de su apellido, dice: “he subido a un mini y cuando pagué un boliviano, me dijo es 1.70, le contesté, soy universitario y me pidió mi credencial, le mostré, pero igual se ha negado a recibir mi tarifa universitaria, eso ha pasado con muchos de mis compañeros”.
“Salimos de la universidad a las 10.00 de la noche (22.00 horas), algunas veces un poco más temprano, y varios de mis compañeros viven en barrios alejados, como yo, pero a esa hora ya no hay minis, solamente nos llevan hasta cierto lugar y se dan la vuelta, cuando reclamamos los choferes aducen de que para su retorno no hay pasajeros, eso es un abuso”, denuncia Juan Silvestre (23 años).
Declaraciones que son una muestra de los más de 40 entrevistas que Fondo Negro efectuó en las dos semanas tras la firma de ese convenio, denominado de pacificación. Todos coincidieron su conformismo de pagar Bs1.70, pero los transportistas aprovechan, la falta de centavos, para sacar ganancias, como lo hicieron al elevar el pasaje de manera inconsulta de Bs1.40 a Bs1.50.
La ciudadanía legalmente no tendría que pagar Bs1.70
- El presidente concejal, Freddy Mamani Nina, señala que el informe, del convenio firmado entre la Alcaldía y los transportistas con una elevación tarifaria de Bs1.40 a Bs1.70, remitido al Concejo Municipal fue devuelto al ejecutivo tras una revisión del mismo, y la población no tendría que pagar ese Bs1.70 de incremento, eso es así en la parte legal.
“Pero el asunto es un poco más complicado, teniendo en cuenta de que la OM 098/2013 en su artículo 6to indica que el incremento de Bs1.40 en las tarifas del autotransporte, será transitorio, hasta cuando se pueda promulgar la Ley Municipal de Transporte LMT”, indica el edil.
Asegura que, “entonces tendríamos que trabajar primero en esta ley y luego, ver si se modifica o no el tema de tarifas, ese es el caso en este momento”.
Entonces, afirma Mamani, que aún está vigente la tarifa dispuesta por la OM 098/2013 y aunque es transitorio ese es el costo de tarifas Bs1.40, Bs1.00 y Bs0.50 mientras se trabaje una ley municipal de transporte.
Mamani recuerda que el proyecto de LMT ya fue analizado por la comisión correspondiente, y fue devuelto al ejecutivo por tener muchas observaciones, “pero hay que entender que dos sectores importantes como es el transporte y los gremiales han rechazado este proyecto de ley, eso amerita sentarnos en la mesa y ver de qué forma se puede subsanar este proyecto de ley”, apunta.
Mientras tanto, afirma, el Concejo Municipal ya ha emitido una minuta al ejecutivo, para dar estricto cumplimiento de la OM 098/2013 que determina una tarifa transitoria de Bs1.40, “entonces ya es responsabilidad del ejecutivo, porque ellos tienen el brazo operativo para hacer cumplir, por lo que ciudadanía no tendría que pagar ese Bs1.70 de incremento, eso es así en la parte legal”, asevera.
Según el transporte. “El pueblo responde y paga Bs1.70”
- El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes “San Cristóbal” Oruro, Julio Méndez, de manera tajante, señala: “Vamos a mantener con el pago de Bs1.70, no vamos a rebajar, pese al rechazo, porque el pueblo está respondiendo con el pago, el pueblo responde y, para evitar problemas debe llevar moneda fraccionada, y el universitario debe mostrar su credencial”.
Asegura que el acuerdo del pasado sábado24-domingo25, fue para pacificar y reiniciar el servicio de transporte, “el pueblo está de acuerdo con esta nivelación, pero no los dirigentes de barrios, además con el convenio levantamos la medida del paro indefinido”, añade.
Reconoce que la OM 098/2013 está aún vigente, pero, complementa, con la firma del convenio se ha logrado algo legítimo, aunque falta lo legal, “es tarea para los concejales que deberían amanecerse y promulgar con una OM esta nueva tarifa”.
Asegura que el concejo tiene 15 días para responder y corregir, está dentro del marco, porque fue un convenio de pacificación y levantamiento de medidas del transporte, “lo contrario habría seguido la medida de este sector”, advierte.
Consultado sobre la no devolución de algunos choferes del cambio de los 0.30 centavos, Méndez, señala que la población debe llevar moneda fraccionada si no desea evitar problemas, pero también los conductores deben prever y tener moneda fraccionada de 0.10 y 020 centavos y el universitario, de manera obligada debe mostrar su credencial de estudiante.
Respecto a la determinación de un cabildo de la ciudadanía, que rechaza el incremento de tarifas en el autotransporte, el dirigente, indica que no fue un cabildo, sino una marcha de mineros. “Vamos a mantener, no vamos a rebajar, pese al rechazo, porque el pueblo está respondiendo con el pago de 1.70, en su mayoría está respondiendo sin protestar”, insiste.
Sobre el no cumplimiento de rutas de los minibuses, en especial en horas nocturnas, señala que el conductor está obligado a cumplir, “cada sindicato tiene sus normas para hacer cumplir con este servicio y los que controlan no pueden ser juez y parte para tolerar el incumplimiento”, advierte.
Empezar de cero el tema tarifario
- Mientras los choferes del servicio público se aferran a la nueva tarifa de Bs1.70 acordado en un convenio GAMO-Transportistas, el burgomaestre orureño, Adhemar Wilcarani, contra quien empieza ya a blandir sobre su cabeza la espada de un revocatorio, en declaraciones a la prensa, anuncia que buscará una nueva reunión con el sector del transporte, ante cuyo organismo planteará que se debe empezar de cero el tema de tarifas.
“Es seguro que transportes lo está analizando para empezar de cero el tema de tarifas, así lo indica resolución de la sala. (Pero) creemos en la legitimidad de este acuerdo firmado el sábado a la madrugada del domingo (26) que ha pacificado y ha dado tranquilidad a la población”, asevera el edil.
Al referirse a la marcha de protesta contra el incremento en la tarifa del autotransporte urbano que ha culminado en un cabildo, señala que la movilización (del miércoles 28 de febrero) fue legítima porque hubo bastante participación incluso de otros municipios, “habíamos indicado que hay que escuchar propuestas”, recuerda.
“De manera responsable hay que trabajar la Ley Municipal de Transporte y modificar la Ordenanza Municipal 098/2013. Ya se ha remitido el proyecto de ley al Concejo Municipal”, indica Wilcarani.
La tarifa de Bs1.70 es ilegal mientras apruebe el Concejo Municipal
- El exconcejal y exalcalde de Oruro, David Choque, que también es economista, a tiempo de calificar de arbitraria la actitud de los transportistas, de elevar las tarifas en el transporte urbano de Bs1.40 a Bs2.00, que ha generado la reacción de la población, estima que el convenio que ha definido en Bs1.70, haya sido en base a un estudio técnico, pero es ilegal mientras el Concejo Municipal no legalice y abrogue la Ordenanza Municipal 098/2013.
“Si fuera sí, tendría que ser demostrada que ese incremento obedece a criterios técnicos, económicos y sociales, en una mesa de trabajo a la población”, afirma, y agrega: “evidentemente es ilegal este incremento, entre tanto no esté aprobado por el Concejo Municipal, eso da legalidad a cualquier convenio, pues todavía está vigente la tarifa de Bs1.40”.
Reconoce que son más de 10 años que ha estado pendiente el incremento en las tarifas del autotransporte urbano, “por lo tanto se tiene que encontrar una salida que sea satisfactoria tanto para los transportistas como para la ciudadanía, buscar un nivel de equilibrio”, indica.
Choque recuerda que ha habido muchos problemas, muchos estudios y la verdad, es un tema muy delicado, y el segundo elemento, es que son más de 10 años que está vigente la tarifa de Bs1.40, “ha habido variaciones, por la falta divisas, no hay dólares, han variados los precios de los insumos como repuestos y otros aspectos que han hecho que varíe (incluso) el costo de vida”, asegura.
Nulos de pleno derecho
- ¿Qué dice la ley, sobre el convenio firmado entre el GAMO y los transportistas para elevar la tarifa en el autotransporte urbano? ¿Puede aplicarse este incremento y sobreponerse a la OM 098/2013 aún vigente?, según el abogado Walter Zambrana, una OM es una norma que no ha sido derogada en los municipios, entonces querer implantar un marco diferente, como un convenio interinstitucional, pecan de nulidad absoluta, “se han equivocado en el camino, (la Alcaldía y los transportistas) y están atropellando competencias que no les corresponden”.
“La OM existe en los municipios, no ha sido derogada ni sustituida por ninguna otra norma, entonces es totalmente arbitrario el querer implantar un marco diferente sin cumplirlas formalidades de ley y esos actos, inclusive del alcalde y de las instituciones, pecan de nulidad absoluta, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 122 de la CPE que señala que nadie puede atribuirse competencias para resolver ningún tema”, afirma.
Asegura que en el caso del convenio (de elevación de tarifas) las disposiciones quedan nulas, “son nulas de pleno derecho, aunque evidentemente en el marco interno surtirán efecto para las partes que han suscrito, pero no tienen ninguna aplicación general, no afectan a terceros, y los usuarios son los terceros interesados”, asevera.
Explica que el país se encuentra regido por una jerarquía normativa, donde la CPE está por encima de cualquier otra norma, luego vienen los tratados internacionales, sobre todo en materia de DDHH, después vienen las leyes en forma general, un marco normativo que habla de competencias y atribuciones de las diferentes instituciones.
“En el municipio de Oruro, se debería regular todos estos elementos a través de leyes dictadas por el Concejo Municipal, luego de cumplirse determinadas formalidades y una Ordenanza Municipal todavía es una norma que no ha sido derogada y no se puede implantar un marco diferente sin cumplir formalidades de ley”, explica Zambrana.
