- Jueces, fiscales, investigadores, hasta abogados, culpables por la retardación de justicia y protección de culpables en Oruro, en los casos de feminicidios, infanticidios, asesinatos, porque desde hace siete años no se resuelven ni se dictan sentencias, tal como denuncia la Asociación Departamental de Víctimas de la Justicia ADVJ, que este fin de semana se apostaron frente a la Policía Departamental para hacer conocer su voz de protesta.
“Estamos nuevamente en las calles para denunciar las innumerables irregularidades y hechos de corrupción que favorecen a los criminales en hechos flagrantes y con suficientes pruebas para sentencias”, apunta la asesora de la ADVJ, Martha Elena Chambi Guzmán, en medio de gritos en contra de jueces, fiscales e investigadores.
Chambi, recuerda que el descuartizamiento de Yolanda Guzmán en Moczuma, a la fecha ha quedado con sentencia absolutoria en contra de los acusados, porque ni el Ministerio Público ni el Tribunal de Justicia, han cumplido con su labor judicial para encontrar a los culpables, identificarlos y sentenciarlos.
El otro ejemplo, explica, es el asesinato de Marco Antonio Callihuara por su propia esposa, quien recibió una sentenciada de 30 años de prisión, pero en la apelación esta sentencia ha sido anulada en mérito a “supuestas” pruebas inexistentes plantadas en el proceso de investigación y en el expediente que corresponde al juicio.
“El otro caso es el de la niña Sheila, conocido como caso Sabaya ocurrido hace más de siete años, pero el juicio continúa y los familiares de la niña no pueden lograr una sentencia”, afirma la abogada.
También refiere al caso del universitario Rodrigo Quisbert, asesinato que fue investigado por el propio hermano por la ineficiencia de los policías investigadores y de la fiscalía, que no han cumplido con su tarea de llevar al estrado a los culpables, “eso no es justo, queremos que las autoridades de justicia tomen conciencia de la labor que tienen y cumplan como corresponde con transparencia”, cuestiona.
Afirma que otro caso es el de Adriana Toco, un feminicidio que aún continúa en juicio, pero lo más grave es que no se ha encontrado el cuerpo; a este hecho también se suma el caso Mattos de Santa Cruz; el caso Jessica de Oruro, una estudiante encontrada muerta en Capachos, que a la fecha sigue en juicio.
Entonces “nuestra protesta es por todos estos casos que no se resuelven hasta ahora, algunos fueron abandonados por los familiares que son de escasos recursos y no pueden continuar con el proceso”, agrega a tiempo de hacer un recuento de las victimas que, se arrastran desde 2015, 2016, 2017, y otros anteriores que no han tenido sentencia.
Corrupción
La asesora de la Asociación de Víctimas, explica que se ha identificado bastantes casos de corrupción en procesos civiles, familiares y que esa es la molestia de las víctimas, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta convincente de los operadores de justicia ni del Comando Policial.
Nombra a varios juzgados donde se ventilan estos casos, pero los familiares de las víctimas cuando se apersonan para saber la marcha del proceso, reciben mala atención, maltrato, y lo peor es que se enteran de actos de corrupción, así como de los investigadores de la policía, que no cumplen con sus deberes de esclarecer estos hechos.
La asesora denuncia contra la juez R.R., que ha extraviado pruebas de un caso de violación; contra el juez W.H., que ha dispuesto la devolución de una asistencia familiar perjudicando a un menor de edad; contra otra juez que, ha mostrado parcialización con los acusados y dilata la sentencia; contra el juez M.G., que no lleva a proceso por delitos denunciados y, también contra jueces de sala penal.
“En la asociación tenemos denuncias de cobros, pero es algo que la víctima no puede comprobar. Existen resoluciones contrarias a la ley, sin sentido que son anuladas, que dan a entender que existen cobros, porque los jueces están fallando de manera incorrecta favoreciendo a los culpables”, asegura.
Los movilizados exigen la atención pronta de todos los casos que están “durmiendo” en los anaqueles de los juzgados, de no ser escuchados advierten que tomarán las medidas más drásticas en los próximos días.
