La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien asumió funciones en este cargo el 31 de mayo de 2013, precisa que las denuncias sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde noviembre de 2021, fueron atendidos por la institución defensora en su calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), en el marco que dispone la Ley 1397.
Explica que, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado boliviano designó a la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través de la Ley 1397 de 29 de septiembre de 2021, con el objetivo principal de prevenir hechos de tortura y malos tratos.
Afirma, desde que se asumió esta competencia, el MNP ha realizado acciones para cumplir con su mandato, efectuando 114 visitas a centros de privación de libertad, celdas policiales y cuarteles, instituciones donde se inspeccionó las condiciones y el trato que reciben las personas privadas de libertad y las que están cumpliendo su servicio militar, además de identificar posibles casos de tortura o malos tratos.
Indica que, aparte de las 769 denuncias recibidas contra la Policía Boliviana y las 131 contra las Fuerzas Armadas, se registraron otras 55 contra gobiernos municipales, 43 contra la Dirección General de Régimen Penitenciario, 38 contra el Ministerio Público, 12 contra universidades y siete contra gobiernos departamentales.
Respecto al tipo de vulneración, 772 denuncias están referidas a la transgresión a la integridad física, 354 a la integridad psicológica y tres a la integridad sexual.
Los departamentos donde se han registrado la mayor cantidad de denuncias fueron La Paz con 262, Tarija con 188 y Cochabamba con 185 denuncias, así mismo en la gestión 2014 se ha registrado 210 denuncias, en 2015/175, en 2016/111, en 2017/102 y 2021/110 denuncias.
De acuerdo a un análisis a las denuncias registradas, realizado por el MNP, se identifica que desde 2019 al primer trimestre de 2022, el 55% de las denuncias por tortura y malos tratos se originan en hechos ocurridos en celdas policiales, durante el arresto o la aprehensión, otro 21% por hechos suscitados en centros penitenciarios, un 14% corresponde a actos de tortura y malos tratos en cuarteles, y un 10% por otro tipo de situaciones como, por ejemplo, malos tratos provocados por guardias municipales o en hospitales.
Igualmente, la defensora asegura que, hasta el 31 de mayo de este año el MNP se ha realizado valoraciones médicas y psicológicas a 23 víctimas de torturas en base al Protocolo de Estambul que contiene directrices reconocidas a nivel internacional para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de su facultad de litigación que le otorga la Ley 1397, la defensora participa en 34 procesos penales por delitos de tortura, a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad.
Dentro estos procesos, se encuentran los hechos del conflicto de 2019, como las detenciones en noviembre de ese año en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, en las zonas de Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela de la ciudad de El Alto, y la remisión de las y los detenidos a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la sede de Gobierno donde, durante la custodia de las personas detenidas, la Policía Boliviana cometió actos de tortura.
El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Naciones en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el que Bolivia ratifica esta Convención y su Protocolo Facultativo a través de las leyes 1939 y 3298.
