- Bolivia vive un 2024 bajo una economía de mercado, en el marco de “la libre oferta y demanda”, una política económica aplicada por el DS 21060 (29/8/85) promulgado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. A esta presunción se arriba tras conocer las declaraciones del jefe de Defensa del Consumidor, Cap. Ronald Canqui Limachi a Fondo Negro, entonces la pregunta aflora: ¿Cuál es la función de la alcaldía sino controlar y evitar la elevación de precios de la canasta familiar? ¿Esta librada a su suerte la población porque la libre oferta y demanda hace que el comerciante maneje los precios de los productos a su antojo?
Desde enero a la fecha en Bolivia se han registrado más de 50 bloqueo de caminos, una medida extrema protagonizada por cocaleros y transportistas colocando a Bolivia en un terreno movedizo en el tema económico más que político, aunque este último no deja de ser el causante de una lucha verbal encarnizada entre los dos bandos del Movimiento al Socialismo MAS, que tiene un fuerte impacto de un “daño colateral” económico, por el momento insalvable.
El cierre de carreteras por varios días y en algunos casos semanas, ha obstaculizado la llegada de productos a los mercados del país, y lo poco que había se comercializó ya con precios elevados, a este golpe monetario se suma la falta del “donDólar” que se impuso sobre la monera nacional. Muchos comerciantes justifican la elevación del precio de sus productos a la falta de la moneda extranjera, –ha subido el dólar pues-, es la frase que se escucha entre los gremiales.
–Esto me recuerda al gobierno de Hernán Siles (UDP), que hacíamos fila por un poco de azúcar, pan, arroz, leche, aceite, carne, fue una época dura que hemos vivido-, comenta don Hernán Capihuara de 85 años, mientras hacía fila en EMAPA para comprar una arroba de arroz, –aunque lo que estamos viviendo ahora no es tan grave como en la UDP-, dice como una automotivación al momento que vive el país.
Sin embargo, el MASevista, en el especial los cocaleros del Chapare, continúa con la práctica del bloqueo, esta vez, de baja intensidad según sus dirigentes, una medida pacífica, más suave, más tolerante, con más respeto al derecho humano ajeno al conflicto, y pese a esto aseguran que seguirán en su trinchera, pero para el grueso de la población, cuando ya se vive un fin de año, es un atentado a la economía y culpa a Evo Morales y los cocaleros de ser los causantes de la crisis económica que viene soportando la población.
Libre oferta y demanda, libre elección de productos
- El presidente Luis Arce, a fines de agosto lanzó un exhorto a los municipios para que ejerzan su responsabilidad en el control de precios y apoyar a la población para que no sufra el incremento en el costo de los productos, que imposibilita el acceso de arroz, azúcar, harina, carne de pollo, huevo, res, verduras, frutas y otros abarrotes, pedido que varios municipios como el de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otros, han respondido al llamado.
El Gobierno Municipal de Oruro, a través de su portavoz de Defensa al Consumidor, Cap. Ronald Canqui, señala que “ni la Unidad de Defensa al Consumidor, ni el viceministerio de Defensa al Consumidor, tenemos una normativa para poder regular los precios de la canasta familiar, toda vez que existe y está en vigencia una libre oferta y demanda, la misma que es complementada con una libre elección de los productos y servicios que el consumidor desea adquirir”, afirma.
Agrega que el control sólo es en el peso y calidad de los productos, tarea que es coordinada con el Concejo Municipal, una vez lograda una nueva Ley del peso justo que establece que los comerciantes en 30 días deben regular sus balanzas.
Pero el precio no es competencia municipal, ni siquiera el vice ministerio del Consumidor cuenta con esta normativa, el tema es una política del Estado, “es una competencia exclusiva del nivel central”, asegura.
Se concluye que esta autoridad, trata de decir sálvese quien pueda en esta economía de mercado que permite que la oferta ponga el precio que le conviene al comerciante y, sin el control de precios del municipio, el asunto es grave, pero Canqui reconoce que existe la figura del agio y especulación, un tema delictivo cuyo control se coordina con el Ministerio Público.
También señala que los productos adquiridos por intermediarios o mayoristas que no son elaborados dentro el municipio orureño y consumidos dentro del mercado interno, “podemos coadyuvar internamente con la lista de precios referenciales con los cuales estos productos son trasladados al mercado orureño”.
Entonces, cuestiona Fondo Negro, el municipio incumple deberes, porque la Ley 2028 le faculta defender al consumidor, a lo que el defensor responde: “no está el GAMO incumpliendo sus deberes al permitir la libre oferta y demanda de los productos”.
Advierte que, si se generara una normativa nacional, que establezca que el municipio reglamente precios, entonces se dará cumplimiento estricto, toda vez que “nosotros no podemos salirnos de lo que establece la normativa o de las posibilidades que la norma nos genera para el desarrollo de nuestras actividades”.
En torno al trabajo de control de precios de otros municipios del país, afirma que seguramente deben tener alguna normativa, pero yo “desconozco que en nuestro municipio exista una norma de control de precios, porque no es competencia municipal”.
Consultado sobre el control del precio del dólar que no respeta el cambio oficial, indica que la ASFI tiene una división de defensa de los derechos al consumidor financiero, “es muy importante que ASFI pueda coadyuvar en este aspecto, toda vez que es la institución pública que tiene la normativa y los elementos necesarios para realizar el control de las actividades vinculadas al sistema financiero”, asegura.
